SOUTH CENTRE Y ONGS DE EE.UU SE SUMAN AL PEDIDO DE COSTA RICA DE LICENCIAS ABIERTAS

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South Centre (Centro Sur), la organización intergubernamental que preside el argentino Carlos Correa, y las OnGs Kei (Knowledge Ecology International) y Public Citizen de Estados Unidos sumaron su reclamo de patentes abiertas y no exclusivas para los medicamentos, las vacunas y la tecnología sanitaria vinculadas a la lucha contra la pandemia.

Correa sostuvo que el acceso a medicamentos, vacunas y diagnósticos asequibles y a las tecnologías para producirlos “son indispensables para tratar el CIVID 19” y en consecuencia “tales tecnologías deben estar ampliamente disponibles para fabricar y suministrar lo que se necesita para tratar la enfermedad”.

“Cualquier interés comercial respaldado por la posesión de derechos de propiedad intelectual sobre aquellas tecnologías no deben tener prioridad sobre salvar vidas y defender los derechos humanos”, aseveró Correa,, en una carta dirigida al Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,  Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Roberto Azevêdo, Director General de la Organización Mundial del Comercio  António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Correa recordó que de acuerdo con las "Excepciones de seguridad" contenidas en Artículo 73 (b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC/TRIPS), cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede tomar "cualquier acción que considera necesario para la protección de sus intereses esenciales de seguridad”.

El Artículo 73 (b) del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a suspender “la ejecución de cualquier derecho de propiedad intelectual (incluidas patentes, diseños y secretos comerciales) que puede representar un obstáculo para adquisición o fabricación local de los productos y dispositivos necesarios para proteger sus poblaciones”, detalló Correa, uno de los mayores especialistas mundiales en propiedad intelectual.

“El uso de esta excepción estará plenamente justificada para adquirir productos y dispositivos médicos o para usar tecnologías para fabricarlos según sea necesario para abordar la emergencia de salud actual.”, reforzó el argentino Correa.

El Director Ejecutivo de Centro Sur subrayó que “la crisis es enorme y la desigualdad en salud es probablemente la injusticia más insoportable” y en consecuencia “necesitamos tener el coraje de cambiar de rumbo”.

A su vez, las influyentes OnGs estadounidenses Knowledge Ecology International y Public Citizen pidieron al Congreso de Estados Unidos que sume su apoyo a la propuesta del gobierno de Costa Rica de agrupar derechos de patentes abiertas y no exclusivas a través de la OMS para medicamentos, vacunas y tecnología sanitaria vinculadas a la lucha contra pandemia.

Las OnGs estadounidenses se sumaron a un pedido similar que realizaron alrededor de treinta asociaciones civiles globales, treinta y tres eurodiputados y medio centenar de expertos en propiedad intelectual a la iniciativa del presidente costarricense, Carlos Alvarado Quesada, enviada a la OMS.

KEI y Public Citizen pidieron del Congreso de Washington que “presten atención sobre una iniciativa propuesta por el Presidente de Costa Rica, pidiéndole a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cree un grupo global de derechos en los datos, el conocimiento y las tecnologías útiles para la prevención, detección y tratamiento de la pandemia de coronavirus / COVID-19”.

La propuesta fue recibida con “beneplácito” por el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordaron las OnGs.

“Costa Rica vio correctamente” que agrupar los derechos de patentes abiertas, “permitiría la producción competitiva y acelerada de las tecnologías COVID-19 necesarias, y expandiría la capacidad global para abordar la necesidad de productos asequibles”, elogiaron en su carta dirigida a los líderes del Senado, Mitch McConnell y Charles Schumer, y de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y Kevin McCarthy.

Kei y Public Citizen recordaron que “el gobierno de los Estados Unidos está financiando una cantidad significativa de investigación y desarrollo de COVID-19, pero muchos otros gobiernos de todo el mundo, como Alemania, Japón, Canadá, Francia, China, la Unión Europea, el Reino Unido y Australia, también están liderando esfuerzos”.

Una estructura de grupo podría ayudar a garantizar un acceso más amplio a los derechos de I + D financiados por otros gobiernos. Esto podría dar como resultado una introducción nacional más rápida de los medicamentos y vacunas necesarios, por ejemplo”, vislumbraron.

Este es un momento para que los gobiernos demuestren que habrá cooperación global en la lucha contra la pandemia”, reforzaron.

Robert Weissman, de Public Citizen y James Love, Knowledge Ecology International, opinaron que “entre los enfoques que Estados Unidos puede adoptar para ampliar el acceso y aumentar la oferta de productos es utilizar fondos federales para comprar derechos de patente y datos, y / u ofrecer incentivos como precios de incentivo a la innovación y recompensas de entrada al mercado para desvincular los incentivos para el desarrollo de las concesiones de monopolios legales, para que la I + D sea efectivamente un bien público”.

“Los beneficios de tales medidas serían globales, y los Estados Unidos pueden y deben alentar a otros gobiernos a colaborar en el pago de la compra de patentes / derechos de datos o premios de incentivo a la innovación. Por supuesto, este es solo un enfoque posible, pero ilustra cómo puede ser de interés para los Estados Unidos involucrar a otros gobiernos e incluso a donantes privados de I + D para trabajar en la distribución de los costos de los bienes públicos”, afirmaron.

La propuesta de Costa Rica comienza con un memorando de entendimiento inicial entre los gobiernos y otras entidades que financian I + D “que permitirá futuras asignaciones de derechos, con la oportunidad de decidir sobre las tecnologías específicas y los términos para las asignaciones posteriores”.

“Para ser concretos sobre los próximos pasos”, las OnGs sugirieron que “se podría pedir a la OMS que solicite a los financiadores de I + D y titulares de derechos que firmen un acuerdo muy breve, como primer paso, que diga así:

[Financiador, titular de los derechos] acuerda considerar las solicitudes de la Organización Mundial de la Salud para obtener una asignación limitada de derechos sobre derechos de patente financiados por los Estados Unidos para invenciones biomédicas relacionadas con la detección, prevención o tratamiento de enfermedades relacionadas con el coronavirus para su uso en todo el mundo en colaboración con sus estados miembros.

Los términos y condiciones asociados con dicha asignación, si se otorgan, serán determinados por el [Financiador / Titular de los derechos] La OMS acuerda que el [Financiador / titular de los derechos] no tiene la obligación de otorgar tales solicitudes, sino solo considerarlas”.

“Además, si los EE. UU. muestran liderazgo en esto, será mucho más fácil para los EE. UU. obtener acceso a los derechos de los datos, incluidos los datos de pruebas de ensayos clínicos, invenciones y otros derechos de datos y tecnología, financiados por otros, incluidos gobiernos extranjeros, muchos de los cuales también están movilizando recursos significativos para nuevas actividades de I + D”, concluyeron.

Un pedido similar fue efectuado por alrededor de treinta OnGs globales en una carta a la OMS entre las que figuraron las latinoamericanas Fundación IFARMA y Misión Salud de Colombia, Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) de Brasil, junto a Salud y Fármacos de Antonio Ugalde, Health Action International, Health GAP (Proyecto de acceso global), Unión Europea para el Tratamiento del Cáncer Asequible (UACT) y Oxfam América.

También adhirió la Asociación de Derecho Internacional liderada por Frederick Abbott, copresidente de la asociación y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Brigit Toebes, copresidenta y presidenta de la asociación de Derecho de la salud en un contexto global y profesora de la Facultad de Derecho de Universidad de Groninga, Países Bajos, y Ellen 't Hoen, directora de Derecho y Política de Medicamentos y Centro Médico Universitario de Groningen.

Un pedido similar de acompañamiento a Costa Rica presentaron treinta y tres europarlamentarios encabezados por Miguel Urban Crespo de Podemos de España, la danesa Margrete Auken del Partido Socialista Popular, la francesa Michèle Rivasi del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y la belga Kathleen Van Brempt del Bloque de los Socialistas Europeos, entre otros.También adhirieron el Partido Cristiano Demócrata y Flamenco de Bélgica y el Partido Pirata Checo.

El gobierno de Ecuador ya aprobó extender licencias obligatorias sobre patentes relacionadas con tecnologías COVID 19.

El gobierno de Israel también autorizó la importación de versiones genéricas de Kaletra de Abbvie ((lopinavir 200mg / ritonavir 50mg) con el único propósito de tratamiento medicinal de pacientes con COVID-19.

Carta de KEI and Public Citizen al Congreso: https://www.keionline.org/32649

Carta aberta South Centre: https://www.southcentre.int/covid-19-open-letter/