India y Sudáfrica, con el apoyo de veinte países, incluida Argentina, pidieron la exención de las patentes vinculadas a medicamentos y tecnologías COVID 19 durante la sesión del Consejo de los ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La iniciativa además con el respaldo de 379 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, fue bloqueada por un puñado de países desarrollados (más Brasil) y quedó pendiente de resolución hasta fin de año.

La India y Sudáfrica presentaron la propuesta conjunta para que el Consejo de los ADPIC recomendara al Consejo General de la OMC que concediera una exención de determinadas obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a fin de garantizar que los derechos de propiedad intelectual (PI) no obstaculicen la capacidad de los miembros de la OMC para acceder a una rápida innovación y ampliación de las tecnologías sanitarias necesarias para responder a la pandemia de COVID-19.

La propuesta fue copatrocinada por Eswatini y Kenia. La mayoría de países en desarrollo o menos adelantados, incluidos el Grupo Africano (Tanzania), el Grupo de los PMA (Chad), Argentina, Bangladesh, Egipto, Honduras, Indonesia, Malí, Mauricio, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Sri Lanka y Venezuela apoyaron la propuesta.

La iniciativa también fue acogida favorablemente por Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Tailandia y Turquía, que pidieron más detalles a India y Sudáfrica, con la intención de apoyarla en el debate.

Por el contrario, un grupo de miembros de la OMC, en su mayoría países desarrollados, rechazó la propuesta. La negativa incluyó a Australia, Brasil, Canadá, la Unión Europea (UE), Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, detalló un informe de South Centre que analizó los argumentos expuestos por ambas partes.

Sudáfrica enfatizó que el programa COVAX copatrocinado por la OMS y The Vaccine Alliance GAVI “es por si solo es insuficiente” porque “no responde a la necesidad de un acceso rápido y oportuno en respuesta a la pandemia”.

Sudáfrica remarcó sobre “la inviabilidad de los enfoques voluntarios” que propone COVAX, cuando “tanto la UE como los Estados Unidos han impuesto coerción unilateral sobre muchos países en desarrollo al criticar el uso de leyes habilitantes para aplicar las flexibilidades de los ADPIC, incluso durante la pandemia de COVID-19”, detalló South Centre.

India también señaló las limitaciones del sistema de licencias obligatorias especiales en virtud del artículo 31 y que ningún titular de propiedad intelectual ha mostrado voluntad de compartir sus tecnologías protegidas por propiedad intelectual en el Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP),

En respuesta a la propuesta de India y Sudáfrica, la Unión Europea afirmó que “no hay indicios de que las cuestiones de derechos de propiedad intelectual hayan sido una barrera genuina en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con COVID-19”.

“Un sistema de derechos de propiedad intelectual que funcione bien, incluida su amplia gama de excepciones y flexibilidades, es parte de la solución y no un obstáculo”, replicó la UE, desde una posición compartida por los demás países desarrollados ya mencionados.

Xolelwa Mlumbi-Peter de Sudáfrica, presidenta del Consejo de los ADPIC, ante el estancamiento en las posiciones, propuso utilizar el plazo legal de 90 días para discutir una propuesta superadora, y convocará a una nueva reunión antes del 31 de diciembre, cuando se cumplirá la prórroga acordada.

En coincidencia con el debate en el Consejo de los ADPIC, 379 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo le mandaron una carta a la OMC para pedir que “apoyen firmemente la adopción de la propuesta de la India y Sudáfrica para la exención (siempre de aplicación voluntaria por los Gobiernos) sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en las futuras vacunas, medicamentos y otras herramientas de COVID-19”, mientras dure la pandemia.

“En una pandemia mundial en la que todos los países se ven afectados, necesitamos una solución mundial”, pidieron las casi cuatrocientas OnGs y enfatizaron que una exención de la PI aprobada por la OMC facilitará “una solución mundial expedita, abierta y automática para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro, y para abordar colectivamente el desafío mundial que enfrentan todos los países” durante la pandemia.

“Es hora de que los gobiernos asuman una responsabilidad colectiva y antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales”, reclamaron los firmantes.

Los firmantes afirmaron que “el Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), creado por la OMS (para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y  la I+D), ha sido rechazado por la industria farmacéutica” y en su lugar, “las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos”.

“Estas estrategias comerciales restrictivas se han traducido directamente en precios exorbitantes y en ganancias excesivas, con sistemas de salud abrumados por la COVID-19 y con gobiernos que se enfrentan a una crisis económica inminente”, alertaron las organizaciones.

La carta, fue firmada y promovida por organizaciones Médicos Sin Fronteras, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de España, Fundación GEP, de Argentina, Fundación IFARMA de Colombia, Misión Colombia, Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), UPCN de Argentina, Health Action International (HAI),  Health Alliance International, Health Global Access Project, Oxfam, Australian Fair Trade and Investment Network (AFTINET), Public Citizen de Estados Unidos, Think Tank Medicines, Information and Power" of the National University of Colombia y Washington Biotechnology Action Council de Estados Unidos, entre otras.

Las organizaciones alertaron que “pese a las promesas e iniciativas mundiales en los comienzos de la pandemia, la comunidad internacional está fallando para asegurar una solución política significativa que asegure el acceso global a estos productos”.

“Ejemplo de ello es la enorme desigualdad entre países de altos y bajos ingresos para el acceso a herramientas básicas como las pruebas de diagnóstico; o que las naciones ricas, que representan solo el 13 por ciento de la población mundial, hayan bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas en el mundo”, denunciaron.

También aseveraron que “la industria farmacéutica afianza sus monopolios sobre las tecnologías desarrolladas bajo el amparo de la propiedad intelectual, a pesar de que, especialmente en el contexto de la pandemia, tengan detrás enormes inversiones de dinero público”.

“Las patentes, la exclusividad de los datos y otros derechos de propiedad intelectual impiden así la posibilidad de ampliar la fabricación, la distribución y la competencia, que daría lugar a precios más bajos y a un acceso global a todos estos productos”, insistieron en la carta.

Carta completa: https://us5.campaign-archive.com/?u=fa9cf38799136b5660f367ba6&id=a9b27dc5a8