La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) representó el proyecto de la nueva ley de VIH, que busca dar una respuesta integral a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

El texto, con apoyo transversal, lleva la firma de más de 40 diputados de todos los bloques del Congreso.

El proyecto de ley, que lleva el número 304-D-2022, fue acompañado por los diputados Daniel Gollan, Cecilia Moreau, Gabriela Estévez, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospenato, Myriam Bregman, Leonardo Grosso, Gabriela Lena, Mara Brawer, Mónica Macha, Blanca Osuna, Romina Del Pla, Nicolás Del Caño, Enrique Estévez, Itaí Hagman, Jimena López, Marcela Passo, Estela Neder, Mónica Litza, Marcela Vessvessian, Pamela Calletti, Graciela Landriscini, Verónica Caliva, Hilda Aguirre, Nancy Sand, María Martínez, Tanya Bertoldi,  María Allianiello, Varinia Marin, Agustina Propato, Graciela Caselles, Fabián Borda, Cristina Brítez, Gabriela Pedrali, Jorge Romero, Alejandro Vilca, Carolina Yutrovic, Mabel Caparrós, Estela Hernández, Alicia Aparicio y Alejandra del Huerto Obeid.

“Este proyecto es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados”, explicó la legisladora entrerriana.

El proyecto, promovido por organizaciones sociales que consolidaron un frente en procura de una nueva legislación para el abordaje de estas condiciones de salud desde una perspectiva de derechos humanos, busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC). Esto comprende el acceso universal, y gratuito a medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, así como la disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH, hepatitis virales, otras ITS, y la tuberculosis.

La legisladora destacó que “de este modo, el proyecto implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos y dispositivos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos”.

“Venimos trabajando con las organizaciones, con referentes y es muy claro y contundente que debemos legislar para garantizar derechos que se sintetizan en el acceso a la salud”, señaló Gaillard.

En este sentido, la ley propicia la participación activa de las personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis en la elaboración de los lineamientos para el diseño e implementación de las políticas públicas, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

“Entendemos que una respuesta  integral e intersectorial está basada en la estrategia de la atención primaria de salud y garantiza la investigación, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la cura, la asistencia desde un enfoque interdisciplinario –tanto a nivel social, legal, psicológico, médico y farmacológico- y por supuesto interviene en políticas que busquen reducir riesgos, trabajar sobre cuestiones que debemos desterrar como son el estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas”, explicó la diputada entrerriana para reivindicar que la ley comprende, además, los cuidados paliativos y la rehabilitación de estas patologías.

“Las obras sociales y todos aquellos organismos comprendidos en el sistema de salud público y privado deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de las personas con este tipo de afecciones para garantizar la atención completa como lo establece esta ley”, agregó la legisladora nacional.

El proyecto de ley establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, quienes están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, y establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial, y universal.

También promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.

También propone la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

El mismo funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

El proyecto, además, prohíbe categóricamente las pruebas médicas para detectar estas enfermedades en los exámenes preocupacionales y prevé políticas afirmativas para la empleabilidad de personas afectadas, así como contiene disposiciones especiales para las mujeres y personas gestantes con VIH, previendo la atención integral durante su embarazo, garantizando la atención integral durante todo el proceso gestacional y post parto, y contemplando el acceso a la leche de fórmula, para los hijos e hijas de personas con HIV, durante los primeros 18 meses.

Otro aspecto particular de esta ley es la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.

“El proyecto de ley es el resultado de años de trabajo productivo y articulado entre los distintos sectores involucrados en respuesta a las epidemias del VIH, el sida y las hepatitis virales. Este proceso ha sido iniciado en abril de 2014 por el Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC del Ministerio de Salud de la Nación, y luego fue desarrollado por las organizaciones y redes de personas con VIH de nivel local, nacional y regional, como también redes de personas con hepatitis y otras organizaciones que trabajan la temática de programas jurisdiccionales de VIH y hepatitis, las sociedades científicas, organizaciones con trabajo en la salud pública, movimientos sociales y organizaciones con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos”, detalló Gaillard, quien destacó el  asesoramiento técnico de agencias del Sistema de Naciones Unidas con trabajo en VIH.

“Venimos a proponer una reforma integral a una ley que cumple exactamente 30 años, y que con el transcurrir del tiempo y el devenir de las experiencias vivenciadas y compartidas por las personas con VIH de nuestro país, se hizo evidente que no podía ser abordada ni tratada solamente como una problemática de salud, requiriendo intervenciones interdisciplinarias”, concluyó Gaillard, ponderando el trabajo de las organizaciones sociales, científicas y referentes en el tema que han impulsado la iniciativa que fue presentada en el Congreso de la Nación.