La reciente Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobó negociar un nuevo tratado sobre los derechos de los recursos genéticos vinculados a las medicinales tradicionales de los pueblos originarios que eventualmente utilice la industria farmacéutica.

 “La Asamblea General de la OMPI acordó comenzar las negociaciones sobre el proyecto de instrumento internacional y concluir las conversaciones a más tardar en 2024”, señaló en un comunicado al término de sus recientes deliberaciones.

La resolución implica un avance significativo después de décadas de estancamiento en la propuesta de exigir a los solicitantes de patentes que declaren si hacen uso de los recursos y conocimientos de los pueblos originarios, que ha estado cajoneada en un comité de la OMPI por presión de los países desarrollados.

El director general de la OMPI, Daren Tang, elogió el avance como un "paso importante" y aseveró que “es un triunfo del multilateralismo”.

“Por supuesto que hay desacuerdos, habrá divergencias. Este es solo el comienzo de un conjunto completamente nuevo de conversaciones”, advirtió.

Los recursos genéticos autóctonos, que incluyen plantas, animales y microorganismos, y los "conocimientos tradicionales" relacionados son científicamente valiosos para la investigación de la industria farmacéutica y han sido la base de muchos medicamentos modernos, desde antipalúdicos a base de artemisinina como Coartem, hasta antiparasitarios que tratan la oncocercosis, conocida como ceguera del río.

El Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos consideró en mayo pasado un borrador de documento de trabajo, desarrollado por la secretaría de la OMPI, que solicitaba a los solicitantes de patentes que declararan cualquier recurso que se utilice en nuevas solicitudes de patente que están registrados en el registro global de la OMPI, pero en ese momento las discusiones no fueron concluyentes.

La resolución de la Asamblea General en cambio aprobó solicitar el “requisito de divulgación de patentes" obligatorio cuando se presenten solicitudes de patentes para invenciones que impliquen el uso de recursos genéticos, además de abordar cuestiones de acceso, uso y participación en los beneficios.

Los defensores de dicho tratado argumentan que “armonizará diversos sistemas nacionales, fomentaría el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y locales, brindaría seguridad jurídica y previsibilidad para las empresas, y mejoraría la calidad, la eficacia y la transparencia del sistema de patentes”.

Tang describió los tratados propuestos como más que "simples hojas de papel" porque brindarían “ayuda concreta a personas de todo el mundo”.

La embajadora de Moldavia ante la ONU en Ginebra, Tatiana Molcean, quien presidió la Asamblea de la OMPI, dijo que estaba orgullosa de las "decisiones difíciles" que tomó al aceptar avanzar con los tratados propuestos basados ​​en "una gran comprensión y respeto por los derechos de los demás".

“Después de años de negociaciones, fue mera reverencia ver, como presidenta de la Asamblea, a los estados miembros unirse para llevar sus negociaciones hacia una resolución final”, tuiteó.

La Asamblea General de la OMPI deliberó con la asistencia de 900 delegados de entre los 193 países miembros y también aprobó iniciar negociaciones intergubernamentales sobre un segundo acuerdo legal internacional propuesto sobre la ley de diseño.

El trabajo para simplificar los procedimientos para la protección de la propiedad intelectual de los diseños industriales se inició en un comité permanente de la OMPI sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas en 2006.

El nuevo acuerdo, si se aprueba, también podría tener implicaciones para las nuevas tecnologías de la salud, desde el diagnóstico hasta el tratamiento del cáncer.

Hace tres años, la OMPI formó parte de un simposio con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio sobre tecnologías sanitarias de vanguardia, como las terapias de edición de genes para el cáncer, que se centró en las formas de mejorar el sistema internacional de PI para impulsar la innovación y acercar las nuevas terapias a los pacientes.

El tratado propuesto sobre la ley de diseño tiene como objetivo eliminar procesos burocráticos de manera que ayudaría particularmente a los diseñadores de pequeña escala en países de ingresos bajos y medianos que tienen menos acceso a apoyo legal para registrar sus diseños en el extranjero.

La OMPI dice que los datos muestran que la industria del diseño representa el 18% del empleo y el 13% del PIB en Europa, lo que indica los beneficios que un tratado de este tipo podría tener en las economías en desarrollo donde hay menos o ningún dato similar disponible.

“Los beneficios de un sector de diseño  van mucho más allá del PIB”, dijo la OMPI. “El diseño puede respaldar los esfuerzos en educación y sostenibilidad, y puede respaldar la construcción de comunidades”.