Natalia Messina, directora de Medicamentos Especiales del Ministerio de Salud, afirmó que a partir de la aparición de Zolgensma con un costo de 2,1 millones de dólares “tenemos que diferenciar medicamentos de ultra alto precio de medicamentos de alto precio”.

“Medicamento de alto precio es una hormona para el crecimiento, mientras que un medicamento que cuesta dos millones de dólares es de ultra alto precio”, diferenció la funcionaria durante el panel “Medicamentos especiales, cobertura, evaluación y judicialización”, organizado en el marco de las 19 Jornadas Federales de FEFARA.

“La judicialización es un flagelo mundial y el enorme desafío de los sistemas de salud son las tecnologías de alto precio de las terapias génicas”, afirmó Messina.

En consecuencia, “en todos los sistemas de salud del mundo, debemos comenzar a discutir y no de forma aislada” sobre cómo afrontar el desfinanciamiento que provocan estos tratamientos.

Pero, mientras tanto, “nadie nos escucha (incluidos los jueces que fallan las cautelares) cuando decimos que se están desfinanciando los sistemas de salud”.

Messina detalló que diez medicamentos de alto precio consumen el 97 por ciento del presupuesto del Ministerio de Salud, la mayoría arrancados mediante amparos.

“Cuando tenemos que comprar forzados por un amparo se compra mal, porque el juez impone un plazo de 48 horas y a veces los laboratorios exigen pagos al contado”, reseñó.

Incluso los jueces ordenan la compra de esos medicamentos de alto precio “pese a las evidencias de baja calidad” aportadas por ensayos clínicos realizados en Estados Unidos y Europa.

“Igual, los jueces aprueban las cautelares pese a la escasa evidencia, por presión de las asociaciones de pacientes”, lamentó Messina.

La funcionaria comparó que el gasto en medicamentos de alto precio el año pasado fue de 3.018 millones de pesos para atender a 120 pacientes, mientras que el Banco Nacional de Drogas Especiales recibió 850 millones y el plan Remediar 7.800 millones de pesos para atender a 15 mil personas.

Messina calculó que el gasto en medicamentos de alto precio ha sido de 25 millones de pesos por personas y el Remediar de apenas 520 pesos por persona.

Desde su dirección se creó un registro de amparos para evitar la dispersión y poder intervenir con celeridad en todos los pedidos judiciales, explicó, respuesta desde el Ministerio de Salud que “antes no estaba concentrada”. Ese registro ingresó 352 amparos en 2020 y 170 en 2021.

En el primer semestre de este año hubo 30 nuevos amparos, comparados con 148 del primer semestre de 2020 y 112 de igual período del año pasado.

Dos patologías, fibrosis quística y atrofia muscular espinal (AME) concentraron el 84 por ciento del presupuesto.

Alicia Ferreira, ex directora del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay, explicó que en su país a los médicos que prescriben medicamentos de alto precio se les exige una declaración jurada sobre eventuales conflictos de intereses y que no tienen vínculos directos, ellos y sus familiares en primer grado, con la industria farmacéutica.

De esta manera respondió a una de las preguntas de la audiencia sobre “la primera lapicera” del médico que prescribe estos medicamentos de alto precio desencadenando un proceso que termina en el despacho de un juez.

La pregunta llegó acompañada de la sospecha de trastiendas entre médicos y laboratorios, que ya había flotado en el ambiente durante la exposición de Homero Giles, titular de la obra social bonaerense IOMA, durante un panel precedente.

En Uruguay, a través del Fondo Nacional de Recursos el año pasado se financiaron 600 tratamientos con medicamentos de alto precio a un costo de 70 millones de dólares, mientras que 11 mil tratamientos (sin medicamentos de alto precio) demandaron 45 millones de dólares, comparó.

“En Uruguay no se incorpora nada si no se sabe si se podrá pagar” explicó.

Tampoco hay privilegios: “no hay forma ni que el hijo del presidente obtenga un medicamento, porque el Fondo tiene un equipo técnico muy riguroso”, completó.