Un pacto fiscal para garantizar el financiamiento de los sistemas de salud universal que superen las profundas desigualdades de los sistemas actuales basados en la segmentación, junto con un pacto social basado en la solidaridad, surgió como la síntesis del seminario internacional organizado por la CEPAL sobre la realidad latinoamericana.

El pacto fiscal para garantizar el financiamiento de un sistema de salud universal y el pacto social para garantizar la solidaridad de los sistemas de salud basados en prestaciones de acuerdo a las necesidades y no a la capacidad de pago.

Mientras tanto “los actuales sistemas de salud de América Latina no son sustentables o tienen graves problemas de financiamiento”, concluyó el Seminario Internacional “Aprendizaje y lecciones internacionales para avanzar en sistemas de Salud Universales, Integrales y Sostenibles” organizado por la CEPAL.

Mario Cimoli, secretario Ejecutivo interino de la CEPAL, presentó el seminario a partir de una premisa: “la calidad de los sistemas de salud (de América Latina) están siempre bajo tensión y la reforma con calidad y acceso universal son los temas centrales y si no se discute eso no hay reforma”.

“Se discute la universidad y es un debate continuo en el tiempo porque el Estado tiene la obligación de proporcionar un sistema de salud que funcione y con acceso para todos”, agregó el funcionario de la CEPAL.

“Sin salud no hay competitividad y no crece la economía”, advirtió.

Begoña Yarza, ministra de Salud de Chile, coincidió que “no se puede hablar de desarrollo si no se habla primero de salud”.

Yarza encabeza la reforma del sistema de salud de Chile con la colaboración de expertos de la CEPAL que motoriza el gobierno del presidente Gabriel Boric.

El objetivo es lograr “una reforma de salud más sólida posible”, subrayó la ministra, admitiendo que “el sistema sanitario chileno como elemento de salud igualitario no se ha logrado aún”, porque “el acceso a un sistema u otro depende de la capacidad de pago”.

Yarz mencionó encuestas para asegurar que “los chilenos están cada vez más molestos por la desigualdad de los sistemas de salud, pero al mismo tiempo y como dato positivo “el 87 por ciento quiere quedarse en el Fonasa (Fondo Nacional de Salud)”.

“Hay que atacar la segmentación del financiamiento y creemos en la integración público y privado, como ha demostrado la respuesta a la pandemia”, elogió la ministra.

“Esto va en serio, porque estamos convencidos”, completó la médica pediátrica chilena, sobre la reforma encarada con la colaboración de la CEPAL.

Alberto Arenas, director de Desarrollo Social de la CEPAL y ex ministro de Hacienda de Chile con la presidenta Michelle Bachelet, autor de la reforma tributaria 2014, introdujo el debate sobre los pactos fiscal y social que requieren las reformas de los sistemas de salud de la región.

Las reformas de sistemas de salud “son transversales y necesitan de políticas sociales integrales como también de la sostenibilidad financiera”, afirmó Arenas.

En consecuencia, se necesitan de “consensos técnicos y políticos como también financieros”, agregó.

“Sin salud es imposible alcanzar el desarrollo económico y social inclusivo”, aseveró.

Por lo tanto, “invertir en salud es fundamental parta consolidar un pacto social”, remarcó Arenas.

Sin embargo, la realidad indica que “un escenario de incertidumbre y la crisis social permanecen vigentes después de hace dos años de pandemia, que condicionan los cambios sociales en la región”.

“Pero, la pandemia es la oportunidad histórica para discutir las reformas sistemas de salud que deben estar dentro de los objetivos del desarrollo sostenible”, completó.

Joseph Kutzin, Coordinador de Políticas de Financiamiento de la Salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que “gastar más en salud en estos momentos no parece factible por la situación mundial, entonces hay que gastar mejor”.  

Hutzin mencionó como ejemplo que “Alemania mantuvo el financiamiento de los sistemas al margen de la evolución del mercado laboral”, mediante “un financiamiento directo a los sistemas para eludir la crisis económica”.

“Hay una lenta recuperación fiscal con los ingresos por impuestos destinados al gasto social, pero no tenemos una perspectiva certera”, esbozó el funcionario de la OMS.

Hutzin mencionó otro ejemplo: el gasto de bolsillo en salud de los europeos equivale al 23 por ciento promedio en copagos, pero es disímil entre un país y otro y en especial se ha disparado en Grecia, donde más creció en sintonía con el ajuste que durante un lustro impuso la UE, el Banco Europeo y el FMI.

El experto mencionó los países donde existe un “pagador único” en el sistema de salud, como en Japón, Corea, Hungría, Alemania, Suecia o España, “lo que evita que haya diferencias en las prestaciones, garantiza beneficios comunes y que los costos al proveedor no serán necesariamente altos”.

“Entre el COVID y la guerra tenemos problemas macroeconómicos para el gasto público en salud que se convierte en un desafío para todos los países del mundo”, completó.

Pere Ibern es economista, investigador del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), analizó que “nos olvidamos como conseguir consensos para los sistemas de salud y generalmente nos lleva a una zona de conflictos”.

“Con consenso son posibles los cambios, pero si el consenso se aleja también la posibilidad de cambios”, alertó.

La Ley Nacional de Sanidad de España es de 1986 y desde 2002 se operó la transferencia de competencias a las autonomías.

“Ahora, aquella ley de 1986 está en entredicho en cuanto a sus resultados y cuáles son los acuerdos autonómicos, requiriendo de nuevos consensos”, sintetizó sobre su país.

Mientras tanto, la mayoría de las competencias están en manos de autonomías como planificación, calidad y acreditaciones del sistema de salud. Las competencias regulatorias y la legislación sobre salud son competencias del gobierno federal o compartidas.

El sistema de salud española está siendo cuestionado a partir del tiempo de espera que afrontan 750 mil españoles para someterse a cirugías, atraso que se originó durante la pandemia.

Gregory Marchildon, Research Chair en Health Policy and System Design de la Universidad de Toronto y ex vice coordinador del Seguro Nacional de Salud de Canadá, explicó que el sistema nació en 1967 con el 50 por ciento del financiamiento asegurado por el gobierno federal y fue modificado en 1984. Siempre, “con un pagador único para garantizar la universalidad”, resaltó.

Al mismo tiempo, el sistema canadiense es descentralizado “porque las distancias son extensas y hay diversidad regional”, explicó.

“Canadá es el país más descentralizado (en su sistema de salud) entre los países de altos ingresos”, remarcó el profesor desde Toronto.

También explicó que básicamente el sistema de salud canadiense se estructura en tres capas y en la primera está el Medicare canadiense “financiado por un pagador único y operado por agencias regionales”.

En la segunda capa “hay pagos de bolsillo especialmente en medicamentos y la competencia de seguros privados y, hasta ahora, ha fracaso el intento de trasladar estos servicios y prestaciones al sistema público”.

Finalmente, en la tercera capa las prestaciones corresponden a aseguradores privados como, por ejemplo, la atención odontológica.

Marchildon resaltó que durante la pandemia Canadá tuvo mejores resultados que su vecino Estados Unidos porque la universalidad del sistema de salud de su país “es uniforme y estricta para toda la población, en que todos deben recibir el mismo paquete de cobertura”.

La reforma del sistema de salud canadiense de 1984 reguló la universalidad y que todos los gobiernos provinciales deben garantizar un piso común, recordó Marchildon.

Durante el seminario se analizó el modelo australiano de la reforma sanitaria de los 70 garantizando el acceso universal a los hospitales y un seguro nacional público para toda la población.

También se mencionó el modelo de Corea del sur que impuso la convergencia en un sistema nacional fusionando más de doscientos seguros de salud existentes por ramas laborales, cuando estalló la crisis económica a fines de la década del 80, es decir una reforma estructural impuesta por la crisis y con mucha participación privada hasta la actualidad.

Finalmente, Estonia en 1995 adoptó un modelo centralizado impulsado por el gobierno federal fusionando sistemas regionales.

“Los sistemas centralizados mejoran la sostenibilidad financiera, reducen la fragmentación y los gastos administrativo y aumentan la cobertura”, fue la conclusión de este recorrido global.