ORGANIZACIONES ABOGAN EN LA OMC PARA QUE LOS MEDICAMENTOS SEAN RECONOCIDOS COMO BIENES PÚBLICOS EN LOS TRATADOS COMERCIALES

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En un Foro Público de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organizaciones defensoras de la salud pública abogaron por la creación de un nuevo marco de negociaciones para los tratados comerciales que estimulen las ofertas voluntarias de los países para suministrar más "bienes públicos", incluidas las inversiones, los activos y los conocimientos técnicos fundamentales para proteger al mundo contra futuras pandemias y otras crisis sanitarias o ambientales.

La propuesta fue presentada durante el Foro Público de la OMC sobre "Creación y protección de bienes públicos para la salud (la experiencia de la COVID-19)".

El Foro Público de la Organización Mundial del Comercio abordó el tema de una nueva iniciativa basada en el comercio que “podría ayudar a incentivar a los países a compartir nuevas tecnologías, activos y conocimientos técnicos más fácilmente, no solo para enfrentar emergencias de salud, sino también otros tipos de desafíos de salud y medio ambiente”.

James Love, director de Knowledge Ecology International (KEI), explicó que la propuesta es crear un nuevo marco para reconocer los "bienes públicos" dentro de las normas comerciales de la OMC, mediante el cual los gobiernos pueden hacer ofertas voluntarias, pero vinculantes, para suministrar dichos bienes a otros socios comerciales de la OMC, incluidos productos de salud pública, inversiones y conocimientos técnicos.

La iniciativa sobre bienes públicos se inspira en el modelo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), un acuerdo histórico de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT en 1995.

El objetivo del AGCS es proporcionar un sistema fiable de normas internacionales para el comercio de servicios y facilitar la liberalización progresiva de los mercados de servicios.

Sin embargo, una característica singular del marco del AGCS es la oportunidad de que los países hagan "ofertas" voluntarias, pero vinculantes, para liberalizar las normas comerciales internas en torno a la prestación de servicios, generalmente a cambio de otro tipo de concesión comercial.

Love citó como ejemplo que “un país puede comprometerse voluntariamente a eliminar las restricciones internas contra la prestación de cualquier tipo de servicios por parte de las empresas extranjeras, desde la gestión de tarjetas de crédito hasta la administración de hospitales. Pero, directa o indirectamente, podría obtener, a cambio, compromisos de otros países para obtener beneficios o concesiones, en cuestiones que van desde subsidios agrícolas hasta aranceles sobre vehículos”.

Un marco similar al del AGCS para los "bienes públicos" podría permitir, por ejemplo, que los países ricos se comprometan a compartir dinero o conocimientos técnicos sobre vacunas o medicamentos, a cambio de la promesa de los países en desarrollo de reducir los aranceles sobre las importaciones de automóviles eléctricos, citó Love como ejemplo.

"La idea es hacer que los bienes públicos formen parte de este entorno comercial", explicó Love sobre el novedoso esfuerzo por forjar un nuevo marco comercial de la OMC sobre esos "bienes públicos".

"No estamos peleando con las compañías farmacéuticas o las compañías de energía o cualquier otra persona", agregó a Health Policy Watch.

"La decisión de suministrar un bien público se puede utilizar para obtener algo más que desee de otros países en la OMC, o evitar algo que no desea hacer", reforzó Love.

El marco del AGCS “ha tenido mucho éxito en incentivar la liberalización del comercio de servicios precisamente porque es heterogéneo, pero sigue estando basado en normas”, agregó.

"No es una situación de ganadores contra perdedores", rechazó Love sobre su propuesta. "Es un truco inteligente en la OMC que tiene un camino a seguir".

La cuestión de cómo los medicamentos, las vacunas y otros productos de salud pública podrían redefinirse como "bienes públicos" también se encuentra en el centro de las conversaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre un nuevo acuerdo pandémico, que comenzó con un amplio acuerdo durante el verano europeo de que un nuevo instrumento jurídico debería complementar pero no repetir las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS existente, respetando la soberanía nacional en términos de respuestas de salud pública.

En esos debates y audiencias que han seguido desde entonces, incluida una nueva ronda de audiencias públicas la semana pasada, un número significativo de organizaciones de la sociedad civil, así como naciones asiáticas, africanas y latinoamericanas, han enfatizado que las respuestas de salud pública a la pandemia y las inversiones en I + D para contramedidas deben tratarse como bienes públicos, por ejemplo, requiriendo más inversiones en el sector público con los productos resultantes y luego liberados de las restricciones basadas en los beneficios en la fijación de precios y la distribución.

Sin embargo, si bien la campaña para redefinir los medicamentos y vacunas esenciales como "bienes públicos" ha sido un objetivo de hace tiempo de muchos defensores de la salud pública, en las realidades del mercado, sigue siendo que las inversiones privadas, no públicas, todavía impulsan muchas I + D críticas relacionadas con la salud.

Durante el panel del foro público de la OMC, la viróloga francesa Marie-Paule Kieny, una ex funcionaria de alto rango de la OMS que ahora preside el Medicines Patent Pool, argumentó que "es realmente el momento de avanzar en la idea de los bienes públicos sobre los bienes y las ganancias privadas".

“Pero hacer que los recursos de salud pública estén más ampliamente disponibles, tendrá que ser apoyado por un financiamiento sostenible", advirtió.

Frente a estos condicionamientos, los incentivos para que los países ofrezcan ciertos tipos de "bienes públicos" a cambio de otros tipos de concesiones comerciales, podrían ser una propuesta atractiva, argumentaron los panelistas.

Antony Taubman, director de la división de propiedad intelectual, contratación pública y competencia de la OMC, coincidió durante el foro que "es una propuesta que es bastante fértil, en términos de hacernos pensar a todos".

"En términos más generales, es una discusión sobre lo que se necesita para entregar bienes públicos de manera sostenible", mencionó. "Pero también es una reflexión sobre cómo funcionan las negociaciones multilaterales".

Taubman bromeó diciendo que a veces "es tentador" llamar a la OMC "la Organización Mundial de Compensación", debido a la necesidad de acomodar tantos intereses en competencia.

Pero el "concepto de bienes públicos globales, es en sí mismo una valiosa idea de organización", completó el funcionario de la OMC.

Declaración de KEI sobre patentes y salud

Knowledge Ecology International (KEI) pronunció la siguiente declaración oral durante los debates sobre patentes y salud en la 34.ª sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI que deliberó la semana pasada.

“En julio de 2022, KEI publicó un informe sobre la autorización del gobierno de EE. UU. del uso de invenciones patentadas sin el consentimiento de los titulares de patentes durante la pandemia de COVID 19.

Estas autorizaciones se realizan bajo un estatuto de los EE. UU. que limita los recursos por infracción a la compensación del gobierno y elimina la posibilidad de una orden judicial para bloquear el uso de la invención.

El gobierno de los Estados Unidos puede hacer tal autorización al incluir una sola oración en un contrato. Las autorizaciones generalmente se aplican a todas las patentes estadounidenses, pasadas o futuras, relacionadas con el suministro de un bien o servicio. No hay ningún requisito para enumerar patentes específicas, o contactar o incluso negociar con los titulares de patentes.

KEI pudo determinar si tales autorizaciones existían en 62 contratos relevantes de COVID. Entre los 62 contratos, 59 incluían una autorización estadounidense para utilizar patentes sin el consentimiento de los titulares de estas.

Estas autorizaciones, que pueden describirse como licencias obligatorias, se utilizaron para un conjunto diverso de medidas contra el COVID, incluidas vacunas, medicamentos, pruebas de diagnóstico, equipos de protección y otras medidas.

Los beneficiarios de las licencias obligatorias incluían grandes empresas como Sanofi, Eli Lilly, Merck, Moderna, Novavax, Corning, Philips o Siemens, así como muchas pequeñas empresas y algunas universidades.

Las amplias autorizaciones para el uso no voluntario de patentes por parte del gobierno de los EE. UU. es algo que los gobiernos pueden hacer bajo la flexibilidad para limitar los recursos por infracción que se encuentran en el Artículo 44 de los ADPIC”.

Este informe está disponible en la página web de KEI, en keionline.org.

Créditos de la imagen: John Heilprin, KEI