A partir del 11 de marzo debe aplicarse la resolución 1632 del Ministerio de Salud de la Nación que impide la venta de galletitas, yerba, alfajores, productos de consumo alimenticio y chucherías varias en las farmacias. O sea una resolución que golpea esencialmente al modelo de negocios de la cadena Farmacity, que ofrece medicamentos y barritas de cereales a sus clientes y defiende en sus publicidades que ambos son un aporte a la  salud.

Sin embargo, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri promulgó el 3 de febrero un decreto (número 41) que habilita a las farmacias a vender medicamentos y todo aquello que no esté expresamente prohibido. Alimentos, anillos, chocolates, carteras, pañuelos...la lista es interminable y por eso ha sido bautizado como “el decreto Farmacity” ya que su redacción es un guiño a la cadena.

Para los farmacéuticos agrupados en la COFA la resolución ministerial tiene mayor fuerza de ley que el decreto del Jefe de Gobierno ya que aborda las cuestiones sanitarias del funcionamiento de las farmacias, aunque admiten que el decreto de Macri es como un paraguas para seguir funcionando mientras estalla una nueva batalla judicial.

“Nosotros hemos pedido una entrevista con el ministro de Salud para clarificar la aplicación de la resolución ministerial a partir del 11 de marzo y entendemos que todas las farmacias deberán ajustar su actividad”, explicó Ricardo Pesenti, miembro de la conducción directiva de la COFA.

 “En principio en el Ministerio de Salud ratificaron la aplicación de la resolución 1632 y que no han delegado ninguna facultad en las autoridades de la ciudad. O sea, que siguen teniendo el poder de aplicación”, explicó a Pharmabaires.com.

  “La verdad es que tenemos dudas de como funcionará la resolución del ministerio en la práctica y algunos después del 11 de marzo pretenderán seguir vendiendo cualquier cosa”, advirtió Pesenti. 

Claudio Ucchino, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal, también espera precisiones porque “los farmacéuticos podemos quedar sometidos a una doble imposición: por un lado las inspecciones sanitarias y por otro si funciona el matafuego, lo que implicará dos tipos de inspecciones diferentes que no sabemos como van a convivir en la práctica, pero que pueden terminar perjudicando al farmacéutico”.

“Consideramos que se debe privilegiar la calidad profesional de la farmacia en sus prestaciones a la comunidad, pero tememos quedar en el medio de dos legislaciones diferentes y contradictorias”, completò.