Damaso Pardo, el presidente del INPI, prometió a los directivos de Cooperala que el organismo emitirá una nueva resolución que reemplace a la 56 que es resistida por los laboratorios nacionales. La promesa queda en manos del ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

Pardo aseguró que se emitirá una nueva normativa sobre la aplicación de la Resolución 56 que excluirá a los medicamentos y exigirá que se realicen en el país los exámenes de fondo. Sus interlocutores de Cooperala se retiraron conformes, pero ahora están a la espera de que el Ministerio de Producción,  como autoridad jerárquica, difunda los cambios prometidos por el titular del INPI.
“Hay que esperar porque una es la promesa de Damaso Pardo, quizás para aquietar las aguas”, afirmaron voceros de Cooperala a Pharmabaires.
Previamente,  hubo una “ácida reunión” entre el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y una delegación de CILFA, en la que hubo reclamos por la Resolución 56.
El diario La Nación escribió que los directivos de CILFA expresaron durante el encuentro con Peña que percibían “cierta animosidad” del gobierno hacia los laboratorios nacionales, y no solo por la Resolución 56.
La decisión anticipada por Damaso Pardo requiere, ahora, de la firma del ministro Cabrera, quien en reuniones con la industria, se molestó por la solicitada publicada por CILFA en respuesta a la  Resolución 56 y aseguró que no apuntaba contra la industria.
Sin embargo, Cabrera se negó a asegurar por escrito que la Resolución 56 no afectaría a los laboratorios, cuando le pidieron que su promesa se trasladara al papel.
Incluso, mientras Damaso Pardo recibía a la delegación de Cooperala,  el ministro Cabrera aseguraba desde Washington que el gobierno argentino quería firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que implicaría la aceptación de cambios sustanciales en el régimen de propiedad intelectual, como acontece con México, Chile o Perú,  países que firmaron el TPP,  una propuesta   compartida con los socios comerciales del Pacífico que está empantanada en el  Congreso norteamericano.
“La sensación es que el presidente (Mauricio) Macri tomó conciencia del error que fue la Resolución 56 pero cuesta dar marcha atrás sin pagar un costo político. Además, es previsible que las multinacionales se quejen a sus casas matrices y estas a sus gobiernos que a su vez se quejaran a la Argentina”, analizaron voceros de la industria, que siguen sospechando que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, no ha sido ajeno a la Resolución 56 y otras medidas perjudiciales para la industria.
Argentina ya está negociando con los gobiernos europeos un tratado de libre comercio y propiedad intelectual es una de las prioridades de la UE. Sin embargo, en la reciente ronda de ofertas en Bruselas no hubo novedades y se abre un paréntesis hasta abril del año próximo en Buenos Aires.
La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados la semana pasada tenía previsto aprobar una declaración contra la Resolución 56 motorizada por su presidente, José Ignacio De Mendiguren, y a partir de dos proyectos, del FPV y de Graciela Camaño del FR. Pero no quórum, lo que no significa que no insistan en las próximas reuniones de la comisión, si no aparece la rectificación prometida por Pardo.
Otra novedad,  que también sorprendió a muchos directivos de la industria, fue la solicitada que la semana pasada la obra social Luis Pasteur publicó en Clarín, anunciando que está “cambiando” y que abandona su esquema de obra social cerrada y exclusiva para el personal de la industria, para abrirse a todos los que quieran asociarse, al estilo de OSDE y Medicus.