Los legisladores socialistas Roy Cortina y Ariel Arce presentaron un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que impulsa la redacción de un formulario terapéutico por el nombre genérico de los medicamentos y que se priorice la compra de medicamentos a los laboratorios públicos.

Entre los objetivos del proyecto se mencionan:

1. a) elaborar y actualizar el formulario terapéutico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificando a los medicamentos por su nombre genérico;
2. b) planificar anualmente, en conjunto con la red de farmacias hospitalarias, la adquisición centralizada o descentralizada, de los productos sanitarios incluidos en el formulario;
3. c) establecer mecanismos para autorizar la compra de los no incluidos, cuando sean requeridos por la situación clínica de los pacientes;
4. d) ejecutar los procesos de compra centralizada, administrar los stocks existentes y efectuar la  distribución eficiente de los productos sanitarios que adquiera;
5. e) priorizar la compra a laboratorios públicos y asegurar la adquisición de productos de calidad al menor costo posible;
6. f) establecer mecanismos que permitan el control ciudadano de cada una de las etapas de las licitaciones y contrataciones que realice;
7. g) supervisar la adquisición descentralizada de productos sanitarios por parte de los efectores del sector estatal de salud;
8. h) detectar y sancionar los incumplimientos de los proveedores;
9. i) controlar los precios y la calidad de los medicamentos, vacunas e insumos sanitarios utilizados por el sector estatal de salud;
10. j) implementar mecanismos de fármaco-vigilancia sobre las reaccionesadversas de los medicamentos y riesgos asociados a su uso;
11. k) desarrollar protocolos para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades;

Los legisladores señalaron en los fundamentos de la iniciativa que el 17,8% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta sólo con la cobertura del sistema público de salud, un porcentaje que lejos de distribuirse territorialmente de manera homogénea, se eleva en las zonas más postergadas, alcanzando el 40%, 34% y 32% en las Comunas 8, 4 y 9[

Se trata de los sectores más vulnerables de la sociedad que, muchas veces, se ven impedidos de acceder a los medicamentos que necesitan o expuestos a afrontar la totalidad de ese gasto sanitario, a costa de otras privaciones importantes.

            En ese sentido, las políticas desarrolladas en materia de medicamentos e insumos sanitarios constituyen un punto central de cualquier estrategia dirigida a fortalecer la salud pública.

            Hacia fines de 2007, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó un proceso destinado a centralizar las adquisiciones demandadas por el sistema estatal de salud.

            Fue a partir de la conformación de un área especial en el ámbito del Ministerio de Salud, con la que supuestamente se intentó superar la dispersión de precios y el derroche de recursos que, cierto es, había generado la compra a través de los hospitales porteños.

            Regulada por el Decreto 593/GCABA/11, esa área funcionó bajo el nombre de Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), con funciones que tuvieron que ver exclusivamente con los procesos de compras de medicamentos, el control del stock existente y su distribución entre los hospitales, tercerizada en la empresa OCASA.

            En el año 2014, a través de un Informe de Gestión sobre la Compra de Medicamentos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, realizado entre los meses de abril a octubre de 2013, se conocieron múltiples deficiencias en el desempeño de la UCAS.

            Según esa fuente, las compras se concentraban en muy pocos proveedores, sin dispositivos que permitieran el control de tales procesos por parte de los efectores, que ofrecieran información sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y sistematizaran los reclamos