De Ramón Carrillo a los medicamentos de alto precio, de Arturo Oñativia a la política de medicamentos de PAMI, temas del pasado y el presente sobre la participación del Estado como regulador del mercado y protagonista sustancial de las políticas sanitarias, que fueron abordados durante un debate organizado por el centro de profesionales farmacéuticos CEPROFAR.

El debate se enmarcó en la presentación del libro “El Estado y el negocio de la salud” del historiador Rodolfo Valentini, que establece coincidencias en esas políticas de Estado entre los ministros de Salud Ramón Carillo y Arturo Oñativia, porque desde diferentes momentos históricos coincidieron en bregar por la inclusión de la salud y el medicamento en la agenda política.

Precisamente durante la presentación coordinada por Rubén Sajem, presidente de CEPROFAR, el pasado fue el disparador del debate sobre los medicamentos de alto precio que hoy son la amenaza para la subsistencia del sistema de salud, público y privado.

Nicolás Trovato, asesor farmacéutico de la Gerencia de Medicamentos de PAMI, destacó que la actual conducción de la obra social de los jubilados cumplió con su promesa de otorgar medicamentos gratis para todos los afiliados, sin incrementar el presupuesto.

Desde la actual conducción de PAMI “asumimos el enorme desafío de restablecer el derecho para los adultos mayores a los medicamentos gratuitos esenciales y desde marzo del año pasado ya tenemos un largo camino recorrido que ha garantizado el derecho a esos medicamentos”, para los afiliados de PAMI, sintetizó durante el zoom.

Travato explicó que al mismo tiempo el gasto en medicamentos de PAMI se controla con precios de referencia y así se mantuvo por debajo de la inflación durante la actual gestión.

“Estamos ahora es asociar el diagnostico con el medicamento para brindar cobertura al 100 por ciento si necesita el paciente”, anunció Trovato.

Al mismo tiempo, PAMI está trabajando en un proyecto de desprescripción de las benzodiazepinas que incluirá incentivos para los médicos que desprescriban esos medicamentos psicotrópicos.

Trovato recordó que PAMI ya “sacó de su vademécum una lista de medicamentos que eran irracionales para nuestros asociados y que no se prescriben más”.

El asesor de PAMI reconoció que “vivimos contestando amparos” por medicamentos de alto precio y tratando de demostrar con profusos argumentos la inutilidad terapéutica cuando “un juez decide que medicamento tenemos que financiar para un caso particular”.

Trovato propuso “tomar la bandera de los genéricos” y perfeccionar las “herramientas de información a los jueces que sacan amparos y terminan desfinanciado a largo plazo el sistema de salud”.

Además, cuestionó el actual sistema de aprobación de nuevos medicamentos en Argentina porque no puede constituir un “mero trámite” ante la ANMAT invocando una aprobación previa de la FDA o la EMA.

En tal sentido, subrayó que la aprobación de nuevos medicamentos debe ir acompañada del precio de venta acordado previamente con el laboratorio (algo que parece estar sucediendo con la gestión de Manuel Limeres en la ANMAT).

Trovato aceptó que PAMI y el sistema público de salud deben pagar un precio justo por un nuevo medicamento cuando demuestre que “sirve y mejora la calidad de vida”.  Pero no por imposiciones judiciales motorizadas por asociaciones de pacientes satélites de los laboratorios.

Clarisa Marchetti, medica especialista en farmacología, fue quien introdujo el debate sobre la financiación compulsiva de medicamentos de alto precio, algunos sin evidencias científicas consolidadas e impuestos por la judicialización de la salud.

Marchetti mencionó como ejemplo el medicamento más caro del mundo, Zolgensma de Novartis, que un fallo judicial en Santiago del Estero ordenó a la obra social Sancor y a la Superintendencia de Servicios de Salud a pagar ese tratamiento de más de 2 millones de dólares a un paciente de dos años que sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME).

Las patentes farmacéuticas se trasladan a “monopolios exorbitantes y abusivos y los medicamentos parecen bienes suntuarios que valen como una joya”, afirmó Marchetti.

“Tenemos que ir a la raíz para no pagar esos precios” en la cadena de valor de producción del medicamento, propuso la expositora y para eso “se requiere implementar políticas públicas y pensar en otro modelo porque esos precios no se pueden pagar”, enfatizó.

Clarisa Marchetti subrayó la necesidad de una “política nacional de medicamentos que incluya la producción tanto pública como privada” y subrayó la importancia de apuntar a un “mercado latinoamericano” especialmente para el desarrollo de los laboratorios públicos de la región.

Rubén Sajem comentó sobre la repetición de algunas temáticas periodísticas “cíclicas” que vinculan el pasado con el presente, por ejemplo “la degradación del Ministerio de Salud, la mayor regulación en algunos momentos o los inconvenientes en la producción de medicamentos por el Estado”.

También incorporó al debate la reciente aprobación del medicamento Aduhelm (aducanumab) de Biogen para el Alzheimer en Estados Unidos sin sólidas evidencias científicas y que desató renuncias en la agencia reguladora FDA.

Valentini en su presentación expuso que no siempre la salud fue tema de la agenda política e incluso en tiempos modernos cuando resurge el debate en la agenda, es por la cuestión economicista de como se sostiene el sistema o por la presunta amenaza de “estatización”.

El autor en su libro, precisamente, resalta las políticas activas de sanitarismo que emparentaron a Carillo y Oñativia, porque con ambos los medicamentos estuvieron en la agenda política. 

Y los participantes del zoom de CEPROFAR extendieron el hilo conductor hasta la actualidad, cuando medicamentos de alto precio y abusos de mercado indican que quizás es preciso volver a las fuentes de como Carillo y Oñativia batallaron también con poderosos intereses económicos. Otra semejanza con el presente.

Con Carrillo surgió el incipiente desarrollo de la fabricación pública de medicamentos y la asociación con Squibb para la producción de la penicilina en el país. Además, de su elogiada capacidad para crear y gestionar un sistema público de salud, nacional y equitativo. Elogiada como modelo por propios y ajenos.

Y con Oñativia, el desencadenante de una feroz batalla política fue cuando presentó aquella recordada Ley de Medicamentos, resistida por la industria extranjera, desencadenante de una furiosa polémica en el Congreso y finalmente una de las causantes del golpe de Estado de junio de 1966. Una de las causas, quizás no fue la única en el contexto de un gobierno ferozmente atacado por los medios de comunicación mediante lo que en tiempos modernos se llaman “fake news”.

Valentini, profesor de historia y de políticas económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de las universidades de La Matanza y Belgrano, recordó un episodio durante la gestión del presidente Arturo Illia y el ministro Oñativia, cuando se le encomendó a la Facultad de Farmacia una comisión investigadora de la cadena de comercialización del medicamento.  

Rubén Sajem recordó que el Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal y la COFA, entre otras entidades farmacéuticas, apoyaron la Ley de Medicamentos de Oñativia.