EL GOBIERNO IMPULSA UNA NUEVA REFORMA PARA DESREGULAR EL MERCADO FARMACÉUTICO ENTRE OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA
El Poder Ejecutivo tiene en estudio un nuevo paquete de reformas económicas que incluye modificaciones de fuerte impacto para el sector de farmacias y medicamentos. El borrador, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, comenzó a circular entre diputados y plantea una serie de cambios sobre la Ley de Farmacias N.º 17.565, con el objetivo de flexibilizar la comercialización de medicamentos y modificar aspectos vinculados con la propiedad de las farmacias.
Entre las principales novedades figura la posibilidad de ampliar la venta digital de medicamentos, incluyendo la recepción de pedidos a través de plataformas electrónicas y el envío a domicilio. El proyecto también contempla que plataformas de terceros puedan intervenir en la exhibición de productos, la gestión de pedidos, los medios de pago y la logística de entrega, siempre que se trate de medicamentos que no sean de expendio legalmente restringido. En todos los casos, la responsabilidad profesional seguiría recayendo sobre el director técnico farmacéutico.
La iniciativa también propone modificar el régimen de propiedad de las farmacias. De avanzar el texto, estos establecimientos podrían constituirse bajo cualquiera de las figuras jurídicas previstas por la legislación nacional, eliminando la obligación que existe en algunas jurisdicciones de conformar sociedades con participación obligatoria de un farmacéutico. Se trata de uno de los puntos que históricamente generó mayor debate dentro del sector y que fue combatido por las entidades farmacéuticas.
Otro de los cambios previstos habilitaría a las droguerías a dispensar recetas y vender directamente al público siempre que se constituyan y funcionen como farmacias habilitadas, una posibilidad que vuelve a abrir la discusión sobre el alcance de los distintos actores de la cadena de comercialización de medicamentos.
Insistencia
El proyecto también persevera con otro de los objetivos que el gobierno ya había intentado impulsar mediante el DNU 70/2023: profundizar la digitalización de la venta de medicamentos y ampliar las opciones para los consumidores. Desde el oficialismo sostienen que estas medidas favorecerían la competencia, facilitarían la comparación de precios y ampliarían el acceso mediante servicios de entrega a domicilio.
Sin embargo, varias de esas iniciativas ya fueron objeto de controversias judiciales. Durante 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto, de manera provisoria, distintos aspectos de la desregulación impulsada por el decreto presidencial, entre ellos los vinculados con la venta de medicamentos y con el régimen de funcionamiento y propiedad de las farmacias.
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El nuevo proyecto busca ahora otorgar respaldo legal a buena parte de esas reformas mediante una ley sancionada por el Congreso.
Aunque el capítulo sanitario concentra buena parte de la atención, el anteproyecto incluye además modificaciones en otros sectores de la economía, como el mercado inmobiliario, los arrendamientos rurales, la navegación fluvial, la industria vitivinícola, el régimen de garrafas, el mercado del libro, el sistema financiero, las cooperativas y los traductores públicos.
Un proyecto con futuro incierto
Por el momento, las modificaciones forman parte de un borrador que todavía no ingresó formalmente al tratamiento legislativo ni fue debatido en las comisiones del Congreso. De hecho, el oficialismo mantiene pendientes otras iniciativas impulsadas por el equipo de Federico Sturzenegger que aún no lograron reunir los consensos necesarios para avanzar en el Parlamento. En consecuencia, todavía resta conocer si este paquete de reformas obtendrá el respaldo político suficiente para convertirse en ley.
Además, aun cuando las modificaciones vinculadas con salud, farmacias y medicamentos fueran finalmente aprobadas, su implementación podría no ser uniforme en todo el país. El sistema sanitario argentino tiene una organización federal, por lo que muchas de las regulaciones sobre habilitación, funcionamiento y control de las farmacias corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conservan facultades propias para regular el ejercicio profesional y la actividad farmacéutica dentro de sus respectivas jurisdicciones.