La iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra. Diputados incorporó una reserva al Capítulo II, reclamada por los laboratorios nacionales, por lo que el proyecto deberá volver a la Cámara alta. La discusión pone en juego la protección de las invenciones, pero también el equilibrio entre patentes, competencia y acceso a los medicamentos.

Después de casi tres décadas de espera, la Argentina dio un paso decisivo para incorporarse al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La Cámara de Diputados aprobó este jueves la adhesión por una amplia mayoría: 147 votos afirmativos, 93 negativos y ninguna abstención. Sin embargo, el proyecto no quedó convertido en ley. Una modificación introducida durante el tratamiento en la Cámara baja obliga a que vuelva al Senado para su revisión.

El cambio tiene un punto central: Diputados aprobó la adhesión con una reserva al Capítulo II del PCT, una decisión impulsada a partir de los planteos de los laboratorios nacionales. La modificación busca preservar bajo control argentino una instancia vinculada con la evaluación técnica de las solicitudes de patentes, especialmente sensible en el caso de los medicamentos.

El resultado deja una fórmula que combina dos objetivos: avanzar en la integración de la Argentina al sistema internacional de patentes y, al mismo tiempo, mantener un margen de decisión local sobre un área que puede tener consecuencias directas sobre la competencia, la producción nacional y el precio de los medicamentos.

Un tratado que esperó 28 años

La historia del PCT en la Argentina está lejos de comenzar con el actual Gobierno. El país firmó el tratado en 1970 y el Senado aprobó la adhesión en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem. Pero el trámite quedó inconcluso y nunca llegó a convertirse en ley.

El expediente volvió a cobrar impulso durante la gestión de Javier Milei, en el marco de la política de apertura e integración internacional impulsada por el Gobierno y de los compromisos asumidos en las negociaciones con Estados Unidos.

La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y llegó al recinto después de meses de discusiones y demoras.

Para el oficialismo, la adhesión permite saldar una deuda pendiente y colocar a la Argentina dentro de un sistema utilizado actualmente por 158 países. La diputada Juliana Santillán, miembro informante del proyecto, defendió esa posición durante el debate y sostuvo que se trata de una herramienta largamente esperada para modernizar el sistema argentino.

Qué es y qué hace el PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes no crea una patente mundial. Su objetivo es simplificar la primera etapa del proceso para quienes buscan proteger una invención en distintos países.

En lugar de iniciar presentaciones separadas ante cada oficina de patentes, el sistema permite realizar una solicitud internacional única, que luego puede continuar su recorrido en los países donde el solicitante pretenda obtener protección.

Para investigadores, universidades, empresas y pymes argentinas, el mecanismo puede significar una reducción de costos, tiempos y trámites administrativos, además de facilitar el acceso al sistema internacional de propiedad intelectual.

Pero hay un punto importante: la incorporación al PCT no elimina la potestad de cada país para decidir si concede o no una patente.

Ese fue uno de los argumentos centrales de Santillán, quien sostuvo que el tratado “no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados”. En otras palabras, el hecho de presentar una solicitud a través del mecanismo internacional no significa que la invención vaya a obtener automáticamente una patente en la Argentina.

La decisión final continúa correspondiendo a la autoridad nacional competente, en este caso el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). En un foro farmacéutico hace un par de meses Pharmabaires había reflejado las distintas posturas en relación a este tema:

PATENTES, INNOVACIÓN Y ACCESO: LAS DISTINTAS POSTURAS SOBRE EL FUTURO FARMACÉUTICO ARGENTINO

El Capítulo II, la discusión que cambió el proyecto

La parte más delicada del debate estuvo concentrada en el Capítulo II del tratado.

Ese capítulo contempla un procedimiento de examen preliminar internacional y habilita la utilización de informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar las solicitudes de patentes.

Los laboratorios nacionales plantearon reparos frente a la posibilidad de que esos informes y criterios externos terminaran teniendo una influencia significativa sobre las decisiones que corresponden al organismo argentino.

Por eso, la Cámara de Diputados incorporó una reserva al Capítulo II, es decir su exclusión.

La cuestión tiene especial relevancia para la industria farmacéutica. Los laboratorios nacionales advierten que un sistema que facilite la aceptación de determinados criterios internacionales podría abrir la puerta a la protección de medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores.

El temor es que ese mecanismo permita extender de hecho los períodos de exclusividad sobre productos que ya se encuentran en el mercado, demorando la aparición de alternativas y reduciendo el espacio para la competencia.

El problema no es meramente jurídico. Detrás de una patente existe una cuestión económica concreta: cuánto tiempo puede un producto permanecer protegido de la competencia y cuándo pueden aparecer medicamentos equivalentes o genéricos.

Desde la perspectiva de los laboratorios nacionales, una protección excesivamente amplia puede terminar afectando la competencia y, en última instancia, trasladándose a los precios que pagan los pacientes y el sistema de salud.

La posición de la industria nacional

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) fue una de las principales voces críticas respecto de la aplicación del Capítulo II, junto con otras representaciones de la industria nacional.

El planteo de fondo del sector es que la Argentina debe poder aprovechar las ventajas administrativas del PCT sin resignar herramientas propias para evaluar qué invenciones cumplen efectivamente con los requisitos de patentabilidad establecidos por la legislación local.

La reserva aprobada por Diputados apunta precisamente en esa dirección.

Para la industria farmacéutica nacional, mantener esa capacidad de evaluación resulta particularmente importante porque la Argentina cuenta con un sector de producción local que compite con grandes compañías multinacionales y que tiene una participación significativa en el mercado interno.

La discusión, por lo tanto, no se limita a una disputa entre quienes están a favor o en contra de las patentes. También se trata de definir qué grado de protección se otorga a una invención, durante cuánto tiempo y con qué consecuencias para quienes producen y compran medicamentos.

Los argumentos del oficialismo y la oposición

El oficialismo defendió el PCT como una herramienta para facilitar la internacionalización de la innovación argentina.

Santillán sostuvo que la adhesión permitirá simplificar procedimientos y reducir costos, especialmente para quienes desarrollan nuevas tecnologías y necesitan proteger sus invenciones en otros mercados.

La oposición, en cambio, cuestionó tanto el contenido del tratado como el contexto político en el que el Gobierno decidió retomarlo.

El diputado de Unión por la Patria Santiago Cafiero sostuvo que la adhesión forma parte de las concesiones realizadas en el marco del entendimiento entre Argentina y Estados Unidos y cuestionó que, a su entender, no exista una reciprocidad equivalente.

“Estamos dando concesiones y del otro lado no hay nada”, afirmó.

Su compañero de bancada Pablo Yedlin puso el foco en otro aspecto: la capacidad del Estado argentino para evaluar solicitudes de patentes de enorme valor económico.

El legislador advirtió sobre la responsabilidad que recae sobre los trabajadores del INPI, que deben tomar decisiones técnicas sobre derechos de propiedad intelectual que pueden involucrar negocios de millones de dólares.

El planteo introduce una cuestión que excede al PCT: la calidad del sistema de patentes depende también de la capacidad técnica y de los recursos con los que cuenta el organismo para aplicarlo. El resultado de Diputados deja una situación particular.

La Argentina avanzó hacia su incorporación al sistema internacional de patentes, pero lo hizo estableciendo una reserva sobre uno de los capítulos más sensibles para la industria farmacéutica local.

No se trata, entonces, de rechazar el PCT ni de aceptar el tratado sin condiciones. El Congreso optó por avanzar con la herramienta que puede facilitar la protección internacional de las innovaciones argentinas, pero preservando la capacidad de decisión nacional en materia de evaluación de patentes en el área que genera mayores reparos. Ese equilibrio explica también por qué el proyecto volvió a quedar abierto.

Como Diputados modificó el texto que había recibido del Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta.

El Senado tendrá ahora que analizar la reserva al Capítulo II y decidir si acepta el texto aprobado por Diputados. Si la Cámara alta convalida la modificación, la Argentina podrá completar el proceso de adhesión al PCT bajo esas condiciones.

Después de 28 años de espera, el Congreso quedó así ante la última etapa de un trámite iniciado en el siglo pasado.

La discusión que queda por delante, sin embargo, va más allá de la incorporación formal a un tratado internacional. El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre integración internacional, protección de la innovación, capacidad de decisión del

Estado, desarrollo de la industria nacional y acceso a medicamentos a precios competitivos.

Y la reserva aprobada en Diputados muestra que, al menos en el terreno farmacéutico, el Congreso decidió que la apertura al sistema global de patentes no debería implicar resignar todas las herramientas de evaluación y control que tiene la Argentina.