Tal como lo había adelantado Pharmabaires en una edición anterior (“LA SALUD QUE VIENE”) y como lo hicieron otros medios, se reglamentó el DNU 70-23 que deja en claro que se podrá elegir libremente la entidad que proporcione salud a quienes allí canalicen sus aportes.

La publicación en el Boletín Oficial de la norma declama nobles intenciones: mediante la libertad de elección el derecho de los usuarios a, de alguna manera, decidir adónde van sus aportes, terminando con cajas que son “agujeros negros” y eliminando la intermediación de entidades que a su vez contrataban a las prepagas cobrando así una especie de peaje.

El espíritu de la normativa y sus artículos, cabe recordar, deja sin efecto cualquier control para el aumento en las cuotas a la medicina privada, dejando indefenso a un gran sector, por lo general de clase media, que queda expuesto a aumentos colosales en muchos casos realmente impagables: (“PREPAGAS EN LA MIRA”).  

Por el lado de los sindicatos y sus entidades de salud sus voceros expresan que la interrupción de cualquier tipo de subsidio o de transferencia de fondos por parte del estado a los gremios son una pieza esencial de la guerra no declarada de la CGT pero materializada con el paro general del pasado 24 de enero y las huelgas de algunos sindicatos esenciales: ferroviarios, docentes y aeronáuticos entre otros.

Hasta aquí hubiéramos podido ver a los dueños, ejecutivos y accionistas de las prepagas frotándose las manos ante la posibilidad de fijar precios sin control y el torrente de nuevos clientes (en general los más pudientes) como consecuencia de esta nueva legislación.

Pero la alegría de las prepagas devino en amargura cuando quedó establecido que deben aportar el 20 % de lo recaudado de lo que pagan los asalariados, para completar el valor del plan elegido. Aquí cabe destacar que hay que tomar en cuenta que si un trabajador sale de su obra social y pasa a una prepaga debe completarle a la empresa el valor del plan elegido, si este es más caro que su aporte regular. La contribución va al Fondo Solidario de Redistribución, que trata de compensar a las entidades por los tratamientos de alto costo, pero que en la práctica es una caja por ahora bastante opaca, que no cubre realmente los mencionados gastos.

El aporte es un intento del gobierno de compensar a los gremios por los recortes y poner paños fríos en la relación con la central obrera, para disgusto de las prepagas, que se quejan de que el aporte es imposible de sostener sin encarecer todavía más planes y cuotas.

Todos estos cambios no rigen para las obras sociales provinciales, que no están sujetos a la legislación nacional, ni para el PAMI, la mayor obra social de Latinoamérica con más de 6 millones de afiliados. En ambos casos todo queda como está y como era antes.

Con los gremios descontentos, las prepagas quejándose del aporte del 20% y los afiliados a la medicina privada que se ven obligados a bajar de plan o directamente a salir del sistema y tener que recurrir a la salud pública, por las altísimas cuotas, la desregulación aparece más como una caja de Pandora donde no se sabe que es lo que va a aparecer, aunque en la mítica arca, por último, se hacía presente la esperanza.