La semana pasada, en un fallo sin precedentes por su alcance colectivo, la Justicia le ordenó al Hospital Italiano retroceder con los aumentos de cuotas en sus planes de salud a 120 afiliados que se presentaron ante los tribunales para reclamar por los aumentos anunciados por la normativa de desregulación del sistema de salud.

La jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 1 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, dictaminó que además de las personas mencionadas en la medida, sus efectos se extienden a todas las causas de usuarios que en el futuro se “encuentren en circunstancias parecidas con aumentos de cuotas similares”. La decisión rige hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la causa.

En concordancia con la resolución, los aumentos que tienen como base el DNU 70/23 colocan a este grupo en "un completo estado de incertidumbre, causándole además, como consumidores, un daño a sus derechos al acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada".

Como se sabe, de parte de afiliados hubo reclamos individuales en la justicia, por lo que consideraron un aumento impagable de las cuotas, con fallos a favor de esas personas obligando a las empresas a dar marcha atrás con los aumentos.

Sin embargo, el alcance colectivo de los fallos hasta ahora es una novedad surgida el mes pasado: Además del caso comentado en el inicio de esta nota, el registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió la chance de que se falle con efectos suspensivos generales.

En términos colectivos y como se recordará hay pendiente una denuncia contra las prepagas por cartelización formulada por la Coalición Cívica de la que en su momento dio cuenta Pharmabaires (Leer nota: “Prepagas en la mira”). 

La suba de las prepagas entra en el contexto de una amplia desregulación de la economía promovida por el DNU 70,  que posteriormente se reglamentó habilitando a los afiliados a canalizar sus aportes directamente a una prepaga sin tener que contratar a una obras social, que de ese modo cobraba una especie de peaje.

Según consigna el medio Infobae en una nota de hoy “un total de USD 5.472 millones fue lo que recibieron 291 obras sociales sindicales en los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández por reintegros de tratamientos costosos y prestaciones por discapacidad y subsidios de distinto tipo, tal como contó ayer Infobae. La cifra surge de considerar el valor del dólar oficial promedio de cada uno de los cuatro años en los que percibieron un acumulado de $805.307 millones, según el análisis realizado por este medio de los datos que publica la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en su sitio web”. https://www.infobae.com/politica/2024/03/04/cuales-son-las-obras-sociales-que-mas-fondos-recibieron-en-subsidios-y-reintegros-durante-el-gobierno-de-alberto-fernandez/

Para los detractores de la desregulación se busca desfinanciar a las Obras Sociales que actúan no por lucro sino por solidaridad, al tiempo que se favorece con aumentos desmedidos a empresas de medicina privada, mientras que para quienes están de acuerdo se termina con un sistema de peajes que favorecía injustamente a gremios que vinieron recibiendo aportes discrecionales colosales como los que se les transfirieron durante el pasado gobierno.

Difícilmente haya un retroceso en los aumentos de las prepagas, a menos que en el futuro surja un nuevo fallo colectivo de la Justicia en este sentido. Sin embargo, frente a la oleada de recursos de Amparo y ante la posibilidad cierta de que los tribunales fallen a favor de los afiliados como ya ocurrió, las compañías lo piensen dos veces antes de establecer aumentos impagables y se moderen a la hora de establecer montos de cuotas y planes.