Pharmabaires

La Sala IV Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una medida cautelar en favor de la cadena Farmacity, que suspendió en primera instancia una resolución del Ministerio de Salud de la Nación ordenando la aplicación de la Ley de Farmacias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La multinacional Pfizer, el laboratorio número uno del mundo ha sido noticia mundial por la multa que le impusieron en Estados Unidos por sobornar a médicos y funcionarios públicos en el exterior, al mismo que la justicia argentina acaba de acusarlo de “conducta delictiva” y le inició una acción penal, por motivos semejantes.

Pfizer acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar sendas multas  de 60 millones de dólares y 48 millones de euros por sobornar a médicos, reguladores de precios y funcionarios públicos en Rusia, Bulgaria, Croacia, Kazajistán, Serbia, República Checa, China e Italia.

Las entidades cooperativas de salud han advertido sobre su incierto futuro, debido a que han sido igualadas con las empresas de medicina privada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y en consecuencia se les aplica la Ley de Regulación de Medicina Prepaga.
“El escenario es complicado porque nos sacaron de la órbita del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para empezar a trabajar debajo de la Superintendencia de Servicios de Salud, entidad que nos iguala a las empresas de salud que buscan el lucro al llamarnos "sociedades mercantiles”, denunció Ricardo López,  presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (Faess).
La resolución 560/2012 de la SSS ubica a las cooperativas de salud dentro de la Ley de Regulación de Medicina Prepaga (Ley 26.282) sin diferenciar entre Osde, Galeno o Médicus con la Cooperativa de Obras Sanitarias y Servicios Anexos de Venado Tuerto, la Cooperativa de Provisión de Servicios Médicos Asistenciales de Necochea o la Unidad Médica Cooperativa de Apóstoles, Misiones.  
“No nos oponemos a la ley de salud porque el Estado debe regular, reglamentar el sistema sanitario; lo que no corresponde es que las empresas de sanidad de la economía social seamos incorporadas en la Ley de Regulación de Medicina Prepaga”,  cuestionó Raúl Barr, vicepresidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. “Somos defensores de la salud, la entendemos como un derecho básico, universal pero nunca consideraremos a la salud como una mercadería”, enfatizó Raúl Barr. 

López anticipó que durante el Congreso Argentino de Cooperativas, que se realizará en Rosario, Santa Fe, en septiembre próximo, “vamos a pedir que se anulen los decretos” de la SSS que han colocado a las cooperativas en el mismo paquete que las empresas privadas.

El presidente de Faess también adelantó que desde el Congreso Argentino de Cooperativas impulsarán el Instituto Cooperativo de obra Social para agrupar a los asociados de cooperativas y de emprendimientos sociales que no cuenten con cobertura social.
Ese instituto por sus carácteristicas funcionará en el ámbito del Ines y “no dependerá de la Superintendencia de Servicios de Salud”, subrayó López.

El Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete avanzan en la elaboración de un proyecto de compras centralizadas de medicamentos oncológicos y de alto costo para tratamientos de sida, artrosis y esclerosis entre otras enfermedades, con la finalidad de realizar compras directas a precios inferiores de los que pagan actualmente el PAMI y las obras sociales.

El proyecto se propone ocupar el lugar que ha dejado vacante la virtual desaparición de la Administración de Programas Especiales (APE) que reintegra a las obras sociales los costos de los medicamentos de alto costo, las prótesis y  los tratamientos complejos, aunque en la practica  acumuló una deuda millonaria estimada de 12 mil a 18 mil millones de pesos.

El proyecto propone el modelo de compras centralizadas en la que el Estado tendrá mayor capacidad para negociar precios directamente con los laboratorios y las droguerías, evitando la dispersión actual y los negociados.

Precisamente, la noticia a puesto “nerviosos” a muchos  funcionarios que tenían “kioscos” en las adquisiciones, admitieron voceros del Ministerio de Salud. 

Las compras estarían básicamente destinadas a cubrir las demandas del PAMI y podría sumar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que absorbió a la APE y su Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre de los aportes de los trabajadores con relación de dependencia y del que surgen los recursos para las coberturas de alto costo de las obras sociales.

La redacción del proyecto está a cargo del ministro de Salud, Juan Manzur, pero se desconoce si la órbita en que funcionará el organismo encargado de las compras estará bajo su dependencia o quedará a cargo de la nueva Superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, una funcionaria de absoluta confianza y acceso directo a la presidenta Cristina Fernández.

También Luciano Di Cesare, director del PAMI, podría figurar entre los candidatos a dirigir este sistema de compras centralizado, pero parece que su influencia ha decaído en la Casa Rosada, en desmedro de Korenfeld.

El ministro Manzur al margen de pilotear la iniciativa por pedido presidencial y del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, no parece destinado a asumir la responsabilidad ya que no es un especialista en economía de la salud y ha evitado, hasta ahora, que las internas y las polémicas sobre la SSS o los reclamos de la CGT de Hugo Moyano y las obras sociales, lo salpiquen. Es más, adoptó un premeditado bajo perfil mientras se producían los cambios en el organismo.

Una de las variantes que podría adoptar Argentina es el Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas de Uruguay, que precisamente le concede al gobierno la fuerza como para negociar compras directas a mejores precios.

Los medicamentos de alto costo representaron un incremento de 6.800 por ciento en el presupuesto de la seguridad social de la Argentina entre 1999 y 2008 e insumen el 35 por ciento del gasto total en salud, cuando la población que requiere de estos medicamentos o tratamientos no supera el 6 por ciento.