La decisión del Ministerio de Salud de prohibir la venta en farmacias de alimentos, golosinas, papas fritas o pilas, ha sido rechazada por Farmacity que anticipó que acudirá a la justicia para reclamar su “inconstitucionalidad”, como preámbulo de una nueva batalla legal, en la que los colegios profesionales han tomado explícito partido a favor de la resolución oficial.
La cámara industrial de los laboratorios nacionales CILFA, advirtió que las multinacionales farmacéuticas intentan forzar un nuevo mecanismo para asegurarse el monopolio de mercado a través de modificaciones de la Denominación Común Internacional (DCI) de los medicamentos biotecnológicos, en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La reciente resolución 1632 del Ministerio de Salud de la Nación que prohíbe la venta de alimentos, golosinas, snack o pilas en las farmacias ha recibido el apoyo de las entidades profesionales, aunque en muchas provincias su aplicación aparece como difusa y muchos farmacéuticos estimaron que la cadena Farmacity, principal afectada por la disposición oficial, buscará algún resquicio legal para preservar su facturación de más de 3.500 millones de pesos anuales.
Las negociaciones paritarias entre la industria y los visitadores médicos han ingresado en una nueva etapa que aleja por el momento las medidas de fuerza, con el surgimiento de una “ventanita” que por lo menos devolverá la posibilidad de retornar el díalogo durante una semana.
“Moreno quedó muy conforme con nuestra presentación”, aseguraron voceros de los laboratorios nacionales nucleados en CILFA sobre la exposición y las carpetas que les presentaron al secretario de Comercio, en la última reunión sectorial.
Un proyecto legislativo que propone modificar la Ley de Propiedad Intelectual para impedir que las multinacionales cometan el abuso de extender la protección de las patentes mediante el sistema conocido como “evergreening”, ha sido presentado por la diputada nacional socialista Alicia Mabel Ciciliani, perteneciente al FAP de Hermes Binner.
BUENOS AIRES- OCTUBRE 2013
SIDUS anunció que ha realizado un acuerdo definitivo para adquirir NEUROPHARMA una compañía especializada en el desarrollo y comercialización de medicamentos neuropsiquiátricos.
Al término de la reciente renovación del contrato con el PAMI, el dueño de un laboratorio pyme nacional se quejaba de que el acuerdo favorecía esencialmente a las multinacionales, ya que le vendían a la obra social de los jubilados sus medicamentos oncológicos y la artritis de alto costo- sin licitación. Por eso el organismo pagaba, sin chistar, tratamientos de hasta 300 mil pesos mensuales.
Una situación similar, de agobio de la seguridad social debido a los medicamentos de alto costo, se vive en Colombia. Por eso el gobierno de Juan Manuel Santos – el presidente más liberal de Sudamérica junto con Sebastián Piñera- acaba de introducir precios máximos para 70 medicamentos, patentados y comercializados en el país por Bayer, Novo Nordisk, Glaxo, AstraZeneca, Roche, Janssen, Novartis y Sanofi, entre otras multinacionales.
Después de la derrota electoral de las Paso en agosto y antes de someterse a la extirpación del hematoma craneal en la Fundación Favaloro, la presidenta Cristina Fernández había comenzado a citar a la residencia de Olivos a interlocutores no habituales y ajenos a su círculo íntimo de poder, como el economista Arnando Bocco, que procede del Frepaso de Carlos “Chacho” Álvarez y posee una orientación de centroizquierda.
Los laboratorios multinacionales tienen “prácticas comerciales poco éticas”, reconoció Ciro Chowdhury, director general de CBPartners, una consultora global de apoyo a las empresas farmacéuticas.