Argentina no eliminó la famosa resolución 150/92 pese a que desde el Ministerio de Salud anticiparon que su anulación repararía "un error" y favorecería “un alianza estratégica con los laboratorios nacionales”, pero incorporó a India en su listado, en momentos en que la FDA lanzó una campaña sobre la supuesta falta de higiene de sus plantas farmacéuticas, uno modo indirecto de sacarlos del mercado, por lo menos en Estados Unidos.
La reciente jornada organizada en la Cámara de Diputados sobre la prescripción por el nombre genérico, evidenció que existe consenso político entre los legisladores para modificar y relanzar la ley aprobada en 2002, esta vez eliminando la opción de la marca que concedía el artículo 2. El interrogante es si el sistema cuenta también con el consenso de médicos y los farmacéuticos y si el convenio con el PAMI sobrevivirá a los cambios.
“Lo que hizo calentar a la presidenta (Cristina Fernández) fue enterarse por (Augusto) Costa y (Axel) Kicillof que los laboratorios tenían una rentabilidad del 24 por ciento y encima aumentaban los precios”. De esa manera voceros oficiales explicaron el estallido de ira del gobierno contra la cámaras farmacéuticas disparadas por –apenas- 7 por ciento de aumento, en mayo pasado. Finalmente, hay una explicación que suena coherente para la catarata de imprecaciones que surgieron desde la Casa Rosada y que colocaron a la industria durante una semana en el escarnio público y en la tapa de los diarios.
La aparición del medicamento Sovaldi de Gilead Sciences contra la hepatitis C ha desatado una batalla entre varias multinacionales por un mercado estimado en 20 mil millones de dólares, en la que se anotaron AbbVie, Roche y Merck (MSD). La disputa vaticina un enfrentamiento legal sin precedentes, según pronosticó The Wall Street Journal.
La Cámara de Diputados de la Nación debatirá a partir de agosto la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que cuenta con posibilidades de obtener la aprobación parlamentaria. Otro proyecto que propone “la regulación económica del mercado de Medicamentos” para prevenir “monopolios u oligopolios”, también está en lista de espera. Una diputada del PRO pidió que la Secretaría de Comercio explique su política de precios para el sector y la presidenta de la Comisión de Salud acompañó una iniciativa para regular la publicidad de los medicamentos . Semestre ajetreado se avecina para la industria, por lo menos en el Congreso.
El mercado farmaceútico hace ruido. No son tiempos apacibles entre el secretario de Comercio Augusto Costa que habla de “irresponsables que se jactan de haber volteado a un gobierno”, el control de precios que se vislumbra en el horizonte y los proyectos legislativos que proponen más organismos reguladores. Y encima el PAMI, que arrastra atrasos en sus pagos.
Después de la amenazas de sanciones y de las tapas de los diarios fogoneando la supuesta “cartelización” del mercado farmacéutico, el secretario de Comercio Augusto Costa convocó a las tres cámaras empresarias, por separado, para dejar atrás la confrontación e iniciar la etapa del diálogo, que venían reclamando los laboratorios. Comienza un arduo proceso de negociaciones, por ahora, con final incierto.
Nadie puede entender que por un cuatro por ciento de aumento se haya desatado la guerra y que el gobierno dinamitara con una resolución de la Secretaria de Comercio los puentes políticos extendidos hacia la industria farmacéutica a la que consideraba “un sector estratégico” para el crecimiento del modelo. La sensación generalizada es que en el contexto de la disputa con los fondos buitres, los laboratorios se convirtieron en un caso testigo para que ningún otro intente desobedecer la política de precios. En otras palabras, “hacer sonar el escarmiento”.
Los atrasos del PAMi se han vuelto habituales. Casi una “normalidad” desde febrero pasado y hacen crujir un sistema que ya en tiempos del secretario Guillermo Moreno, había comenzado a mostrar falencias. Pero por entonces, todavía era posible para los laboratorios y los farmacéuticos financiar los atrasos de la obra social de los jubilados, que representa más del 35 por ciento de las ventas en farmacias.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “profunda preocupación” por la venta de medicamentos que requieran prescripción médica por intermedio de la web, a través de una declaración aprobada por unanimidad, en la que se solicita, además, que “la autoridad competente lleve adelante campañas de concientización”.