La droga talidomida, causante de miles de muertes y malformaciones fetales entre mediados de la década del 50 y del 60, se prescribe en Argentina para tratamientos de mieloma múltiple, sin que existan evidencias de un seguimiento de sus efectos adversos, pese a que la ANMAT dispuso en 2006 que fuese sometida a un régimen de “farmacovigilancia intensiva”.
Carlos Correa es una referencia mundial sobre propiedad intelectual. Integró el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos y es Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Economía, de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. En esta nota de opinión advierte que el Mercosur se propone firmar un acuerdo de libre comercio con la UE que incluye un capítulo sobre propiedad intelectual que resultará gravoso y dañino para Argentina y la región.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que incorpora el derecho a la salud entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030 y propone limitar los derechos de propiedad intelectual mediante el uso de las flexibilidades contempladas en la Declaración de Doha de la OMC.
El nuevo acuerdo entre la industria y el PAMI fue anunciado hasta marzo 2018, pero en realidad es por noventa días. En ese plazo los laboratorios deberán afrontar un desfasaje de alrededor de 750 millones de pesos, que el organismo promete pagar a partir de septiembre.
Funcionarios del Ministerio de Salud, del PAMI y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) confirmaron en los últimos días la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET) y la compra conjunta de medicamentos, como anticipó Pharmabaires. Sin embargo, ya surgieron interrogantes sobre la validez jurídica de sus resoluciones. Un debate que recién comienza.
El gobierno avanza en un proyecto para la compra conjunta de medicamentos a partir de 2018 que involucra al PAMI, el IOMA, la SSS, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio. Además la agencia evaluadora de medicamentos y tecnologías sanitarias saldrá por decreto presidencial antes de fin de año.
El presidente Donald Trump a través de una Orden Ejecutiva Presidencial (OE) promete a las multinacionales de su país lanzar una ofensiva global “para proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual”, a cambio de que no aumenten los precios en el mercado interno.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) reunió a expertos de países patentistas y de la multinacional Novartis en un seminario que refractó la nueva orientación del organismo, mientras los laboratorios nacionales admiten que están preocupados y confundidos por las políticas que se ponen en práctica desde que ha sido “cooptado” por las multinacionales y sus agentes locales.
Los ministros de Salud del Mercosur firmaron una declaración sobre “la importancia de priorizar la salud pública en las negociaciones de acuerdos de libre comercio". Además propusieron “continuar promoviendo la adopción de criterios que protejan la salud pública en el examen de solicitudes de patentes”.
Sanofi Pasteur rechazó una solicitud del Ejército de Estados Unidos de fijar un precio asequible para una vacuna contra el virus Zika que la compañía desarrolla con fondos de los contribuyentes estadounidenses, lo que provocó la réplica enojada del senador Bernie Sanders, del gobernador de Luisiana y de legisladores demócratas y republicanos.