La profesión de visitador médico corre el riesgo de desaparecer en Venezuela, debido a que los salarios de los agentes de propaganda médica no deben ser computados como parte del costo de producción de los medicamentos, según una nueva ley sancionada por el gobierno de ese país, que no los considera como empleados de los laboratorios y no les reconoce una labor de orientación e información de utilidad para los médicos. En otras palabras, “prescindibles”.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, admitió que la industria farmacéutica cumplió con el acuerdo de precios anunciado en febrero pasado, luego de una escalada de hasta 30 por ciento. Pero, durante una reunión concretada la semana pasada con las cámaras, no aportó ninguna certeza ni formuló ningún adelanto, que indique la “hoja de ruta” que existe para el sector. Si existe.
El australiano Francis Gurry se aseguró un nuevo mandato al frente de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), pese a los cuestionamientos que ha recibido durante su gestión emprendida en octubre de 2008, por sus políticas sesgadas en favor de las multinacionales farmacéuticas y las empresas estadounidenses.
El ministerio de Salud de la Nación reivindicó su poder de fiscalización sanitaria de las farmacias ubicadas en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, desafía los decretos del Jefe de Gobierno de Mauricio Macri que habilitaron nuevamente la venta polirrubro en beneficio de la cadena Farmacity.
El Banco Central está limitando el drenaje de divisas solicitadas por los sectores importadores de mayor volumen –entre los que figuran la industria farmacéutica- y a los que el gobierno ha instado a financiar sus propias importaciones, acudiendo a entidades bancarias del exterior o a sus casas matrices.
Farmacity volverá a partir del jueves 20 de marzo a ofrecer sus servicios polirrubros, amparado por los decretos 41/14 Y 98/14 del jefe de Gobierno Mauricio Macri, que se adjudicó la autoridad de control sobre las farmacias ubicadas en su jurisdicción.
La autoridad antimonopólica de Italia (AGCM) aplicó una multa de 182,5 millones de euros a Novartis y Roche por el delito de colusión de mercado para impedir que el medicamento oncológico Avastin fuese usado para el tratamiento de una enfermedad ocular grave. A su vez, las Fiscalías de Turín y Roma iniciaron sendas investigaciones contra las multinacionales suizas por “fraude y estrago doloso”.
Las cámaras farmacéuticas FEFARA y COFA pidieron cambios en el convenio PAMI durante una reunión que mantuvieron con la Secretaría de Comercio, porque con el actual esquema de subsidios que comparte el sector con la industria torna “insostenible” mantener la sustentabilidad de la red de farmacias.
El Ministerio de Salud de la Nación ratificó la aplicación de la resolución 1632 que a partir del 11 de marzo prohíbe la venta de productos y servicios que excedan la actividad tradicional de las farmacias y del profesional farmacéutico, como golosinas, alfajores, barras de cereal, carteras, accesorias ornamentales y recargas de celulares.
Para algunos empresarios de la industria farmacéutica el reciente acuerdo de precios es una incógnita, un manotazo para zafar de la coyuntura y para exhibir desde el gobierno una extensión de los “Precios Cuidados”, pero con muchas indefiniciones para el futuro. En síntesis, un panorama cautivo e incierto para la industria, que también genera preguntas dubitativas entre los farmacéuticos.