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El Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete avanzan en la elaboración de un proyecto de compras centralizadas de medicamentos oncológicos y de alto costo para tratamientos de sida, artrosis y esclerosis entre otras enfermedades, con la finalidad de realizar compras directas a precios inferiores de los que pagan actualmente el PAMI y las obras sociales.

El proyecto se propone ocupar el lugar que ha dejado vacante la virtual desaparición de la Administración de Programas Especiales (APE) que reintegra a las obras sociales los costos de los medicamentos de alto costo, las prótesis y  los tratamientos complejos, aunque en la practica  acumuló una deuda millonaria estimada de 12 mil a 18 mil millones de pesos.

El proyecto propone el modelo de compras centralizadas en la que el Estado tendrá mayor capacidad para negociar precios directamente con los laboratorios y las droguerías, evitando la dispersión actual y los negociados.

Precisamente, la noticia a puesto “nerviosos” a muchos  funcionarios que tenían “kioscos” en las adquisiciones, admitieron voceros del Ministerio de Salud. 

Las compras estarían básicamente destinadas a cubrir las demandas del PAMI y podría sumar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que absorbió a la APE y su Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre de los aportes de los trabajadores con relación de dependencia y del que surgen los recursos para las coberturas de alto costo de las obras sociales.

La redacción del proyecto está a cargo del ministro de Salud, Juan Manzur, pero se desconoce si la órbita en que funcionará el organismo encargado de las compras estará bajo su dependencia o quedará a cargo de la nueva Superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, una funcionaria de absoluta confianza y acceso directo a la presidenta Cristina Fernández.

También Luciano Di Cesare, director del PAMI, podría figurar entre los candidatos a dirigir este sistema de compras centralizado, pero parece que su influencia ha decaído en la Casa Rosada, en desmedro de Korenfeld.

El ministro Manzur al margen de pilotear la iniciativa por pedido presidencial y del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, no parece destinado a asumir la responsabilidad ya que no es un especialista en economía de la salud y ha evitado, hasta ahora, que las internas y las polémicas sobre la SSS o los reclamos de la CGT de Hugo Moyano y las obras sociales, lo salpiquen. Es más, adoptó un premeditado bajo perfil mientras se producían los cambios en el organismo.

Una de las variantes que podría adoptar Argentina es el Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas de Uruguay, que precisamente le concede al gobierno la fuerza como para negociar compras directas a mejores precios.

Los medicamentos de alto costo representaron un incremento de 6.800 por ciento en el presupuesto de la seguridad social de la Argentina entre 1999 y 2008 e insumen el 35 por ciento del gasto total en salud, cuando la población que requiere de estos medicamentos o tratamientos no supera el 6 por ciento.

 La Cámara Argentina de Biotecnología (CAB)   firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación de Industrias Biofarmaceúticas de Shanghai (SBIA por sus siglas en inglés) para impulsar proyectos de investigación, desarrollo y producción de medicamentos, semillas y derivados biotecnológicos.

   Se trata del primer convenio que suscriben cámaras empresarias y asociaciones científicas de Argentina y China para impulsar la investigación biotecnológica, destacó la CAB, entidad presidida por Alberto Alvarez Saavedra, del laboratorio Gador.

El Polo Farmacéutico de la Zona Sur ha dejado de ser un descampado de tierra yerma para los ojos desprevenidos del transeúnte ocasional y comienza a esbozar su diseño futuro con el avance de las obras.  Camiones, palas mecánicas y motoniveladoras transitan diariamente por el interior de ese predio que ahora sí va tomando la forma primigenia del  complejo industrial que dentro de dos años generará dos mil puestos de trabajo.

La Cámara de Diputados aprobó en su sesión del jueves 21 el proyecto de ley que obliga a las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que reciban financiamiento del Estado, a crear archivos digitales institucionales de acceso abierto y gratuito.